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La Declaración Jurada Patrimonial constituye un instrumento fundamental para prevenir y detectar posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer los funcionarios públicos y agentes de la administración, así como detectar conflictos de intereses e incompatibilidades en sus funciones.

Claudio Bevacqua

Director Posición Adelantada

 

 

La Declaración Jurada Patrimonial constituye un instrumento fundamental para prevenir y detectar posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer los funcionarios públicos y agentes de la administración, así como detectar conflictos de intereses e incompatibilidades en sus funciones.

De acuerdo con la Ley 15.000, ahora es posible presentar y consultar las Declaraciones Juradas Patrimoniales de forma digital, en busca de una modernización del Estado y en línea con un fuerte compromiso con la transparencia que habilita el control ciudadano.

En su discurso inaugural del periodo de sesiones ordinarias el 03 de abril del 2018 el Intendente Municipal elevaba al cuerpo para su tratamiento la adhesión a la Ley 15.000, recordemos que en ese momento y hasta que se escribía esta nota, tenia mayoría en el cuerpo deliberativo.

Esto decía Hernán Bertellys:                                                

“Este proyecto se emparenta con el que la Legislatura provincial aprobó y rige para todos los funcionarios y legisladores provinciales. De esta manera, tomamos como premisa la adhesión a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático que requiere políticas de prevención y control de las acciones que puedan generar actos de corrupción. Esta declaración jurada patrimonial será de presentación obligatoria anual para funcionarios municipales y concejales, mientras dure su gestión. Asimismo, invitaremos a los candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares a adherir a esta Ordenanza. Las declaraciones juradas serán de carácter público y los datos volcados en las mismas serán publicados en las páginas web oficiales, con acceso libre y sin restricciones para todos los ciudadanos. Se trata de un paso de calidad para que los vecinos tengan control sobre funcionarios y legisladores. Esta herramienta contribuirá a elevar el estándar de transparencia exigido hoy por toda la comunidad”.

 

El Proyecto actualmente se encuentra en comisión pronto a cumplir un año para su tratamiento.

Pero si tenemos en cuenta que sigue vigente la Ordenanza 2.120/2003, esta tampoco se cumple, ya que en la página web del municipio no se encuentra dicha información como lo indica el artículo 6 de la Ordenanza: .- “El listado de las declaraciones juradas presentadas se publicarán en el Boletín Oficial Municipal e incorporadas en la Página Web de la Municipalidad de Azul”.

También se desconoce si se dio cumplimiento al artículo 4: “Los funcionarios enumerados en el Artículo 1° deberán presentar su declaración jurada patrimonial para ser publicada al momento de asumir el cargo, la que deberá actualizarse y publicarse de manera anual, siendo asimismo obligatorio presentar y publicar en los medios que se indicarán, una última declaración jurada patrimonial, al momento del cese en sus funciones, en el tiempo y por los motivos que fueren. El plazo anual de actualización vencerá el 10 de diciembre de cada año”.

Los funcionarios alcanzados por la ordenanza en cuestión son los siguientes: El Intendente Municipal, los Concejales, el Secretario del Concejo Deliberante, el Contador General de la Municipalidad, el Tesorero, el Jefe de Compras, el Juez de Faltas, Secretarios, Subsecretarios, Directores,  Coordinadores  y todos aquellos agentes con categoría o función que, formando parte de la Administración Pública y/u Organismos descentralizados, tengan a su cargo el manejo o custodia de fondos o bienes municipales, estarán obligados a presentar una declaración jurada de sus bienes dentro de los treinta (30) días de tomar posesión de sus cargos. Los que se hallaren prestando servicios a la fecha de promulgación de la presente Ordenanza deberán cumplimentar dicha declaración dentro del plazo de treinta (30) días.

La función pública en el ámbito local consiste principalmente en adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes, lo que implica dar prioridad a aquellas actuaciones municipales destinadas a superar carencias y solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la Comuna.

A diferencia de los demás organismos del Estado, las municipalidades cuentan con una legitimidad histórica, que viene dada por la elección democrática del Intendente y Concejales, lo cual le da mayor autonomía política y al mismo tiempo fortalece su capacidad de acción, lo cual redunda en una mayor cercanía con la comunidad y un mejor conocimiento de sus problemas, convirtiendo al municipio en un agente clave para facilitar el desarrollo local

Medir el resultado de una gestión para el vecino es a través de sus diferentes “logros” llámese por la obra pública, desarrollo económico, creación de empleo, y podríamos seguir.

¿Pero cómo medimos a los funcionarios que toman decisiones a diario y no están expuestos?

En realidad y en forma efectiva es una decisión del Intendente como los evaluará y qué hará con el resultado, lo que nos queda como ciudadanos es exigir transparencia en los actos de gobierno y la presentación jurada es una de la formas y que el mismo intendente se comprometió a impulsar.

Hemos visto un desfile de funcionarios que han pasado por las diferentes gestiones que les ha ido mejor en lo personal, que a la comunidad.

Es hora de que al menos cumplan lo que sale de sus propias bocas, o al menos si no es mucho pedir cumplan con lo que está normado, para empezar.

 

 

 

 

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