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“La mochila energética que heredará el próximo gobierno es más pesada de lo que se cree”

Para el economista especializado en Energía, Argentina va a tener que encontrar la forma de desarrollar Vaca Muerta sin subsidios porque el Estado está quebrado.

Para el economista especializado en Energía, Argentina va a tener que encontrar la forma de desarrollar Vaca Muerta sin subsidios porque el Estado está quebrado. De traje y corbata con nudo firme, puños impecables y zapatos lustrados, el director de la carrera de Economía de la Universidad de Belgrano, Andrés Di Pelino, recibió en sus oficinas a LPO para evaluar la herencia que dejarán cuatro años de Cambiemos en materia energética y desmitificar el potencial salvador de Vaca Muerta para la economía nacional. Su currículum es extenso: economista y contador, se especializó, entre muchas otras cosas, en Administración Financiera del sector público, en Estructura Jurídico-Económica de la Regulación Energética. Hizo un Máster en Energía y sigue estudiando para su Doctorado en Economía.

“La mochila energética que este gobierno le heredará a quien lo suceda, incluso si es a sí mismo, es compleja y mucho más grande de lo que se hubiera esperado cuatro años atrás”, asegura el especialista cuyas credenciales son más que suficientes para afirmar con voz pausada que “Sin orden macroeconómico, no se puede desarrollar Vaca Muerta”.

¿Cómo evalúa la situación de la generación y la prestación de servicios energéticos hoy?

Compleja. Creo que en 2015 nadie hubiese esperado que este gobierno le heredará a quien lo suceda, incluso si es a sí mismo, nuevos agravantes a la situación de los servicios públicos. La mochila energética que este gobierno deja mucho más grande, mucho más pesada, de lo que se hubiera esperado cuatro años atrás.

Pensar que en 2015 todos los candidatos suscribieron a la propuesta de los trece secretarios de Energía para salir del declive, Macri también y no lo aplicó. Se malogró la agenda de compromisos en materia energética. Es una lástima. Creo que quien sea que esté a cargo del área, debería retomar esos lineamientos y poner la Energía en servicio del crecimiento del país.

La mochila energética que este gobierno deja mucho más grande, mucho más pesada, de lo que se hubiera esperado cuatro años atrás.

Creo que ni el oficialismo ni la oposición tienen correctamente dimensionada a esta mochila. Y en este sentido la intelectualidad tiene que ser escuchada. El sector energético es lo suficientemente complejo como para no poder ser manejado por ideologías. No se puede manejar la energía ni por izquierda ni derecha: hay que manejarla con la gente capacitada, con experticia. Tal vez el signo político del gobierno sea lo menos y lo más relevante sea que los que entiendan de energía sean convocados el 10 de diciembre. En el sector comentan que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, quiere cambiar la normativa sectorial y además está buscando la asesoría de consultoras extranjeras para el armado de uno nuevo.

Es verdad. El gobierno no lo ha hecho público pero sí lo ha mencionado en ámbitos cerrados, con lo cual esta noticia tiene veracidad. Lopetegui, que ha dicho en varias oportunidades y públicamente que él él no es un energético y no entiende mucho del tema, está pensando en que esos marcos regulatorios de los ’90, en este caso el eléctrico, requieren de modificaciones. Esto cuenta con cierta aceptación en el sector, tanto de los especialistas en energía que uno pueda consultar en la órbita nacional como también en las órbitas provinciales. Porque las provincias, que son las que en definitiva fijan tarifas en sus jurisdicciones, también están pidiendo algún aggiornamiento de la regulación nacional. Esto lo están pidiendo las empresas y también los usuarios. En definitiva lo están pidiendo esta altura prácticamente todos.

La controversia, en todo caso, es si es alguien de afuera como una consultora internacional quien estaría mejor preparada para decirnos qué modificaciones o reformas nosotros debemos darnos en el mercado. Y nosotros entendemos que deberíamos ser nosotros mismos los que reveamos el marco legal. Porque es difícil transpolar estos modelos sacándolos de un país y aplicándolo a otro. Creo que somos los argentinos los que, después de haber recorrido un camino de cuarto de siglo prácticamente con esta legislación, los que estamos en mejores condiciones de decir qué reformas hacen falta para hacer un sistema superador del actual.

Por otra parte, el momento o la oportunidad en términos políticos pueden ser discutibles en el sentido de si esto debiera revisarse ahora a unos pocos meses de entrar de lleno el proceso electoral, o si debió ser hecho al poco de asumir. Porque la problemática es la misma: la legislación era la misma el 10 de diciembre de 2015, y ahí es donde los especialistas alertamos sobre la necesidad de que la nueva regulación sea consensuada y una política de Estado. Luego, está el hecho de que una reforma necesita tratamiento parlamentario y en este año de parálisis legislativa con motivo de las elecciones nos preguntamos si una reforma tiene chance de pasar el filtro del Congreso. Creemos que ninguna de estas condiciones está dándose, por lo cual considero que esta reforma debería impulsarla ya directamente el próximo gobierno, el que fuere.

Cuando Aranguren asumió el diagnóstico inicial de que bastaba con poner en plena vigencia el marco regulatorio de los ’90 para volver a crecer en cantidad y calidad de los servicios. ¿Este cambio es un reconocimiento de que ese diagnóstico era erróneo?

Yo creo que es un reconocimiento de que esa política fracasó. Y la lectura es que hay una necesidad de hacer esta reforma. En eso estaríamos todos de acuerdo. El cómo y el cuándo, podemos discutirlo. Y hoy tampoco está claro quién va a llevar loa voz cantante en esto. Acá hay otro aspecto que merece atención: la Argentina tiene problemáticas en términos de casi la totalidad de sus servicios públicos, por no decir la totalidad. O sea tenemos electricidad tenemos problemas tenemos problemas en agua, en comunicaciones, en gas, en casi la totalidad de los servicios públicos. Entonces habría que dar esa discusión integral. Y, si queremos conseguir consensos políticos el parlamento tiene que ser la caja de resonancia, sobre todos los servicios públicos y en todo caso preguntarnos: “¿Qué servicios públicos queremos los argentinos? ¿Qué calidad queremos de servicios públicos y cómo se van a pagar?”

Acá yo siempre señaló lo siguiente: se abren cuatro alternativas -que por lo menos la dirigencia política no sé si siempre las tiene presentes- y es que se puede tener servicios públicos caros y buenos, caros y malos, baratos y buenos, o baratos y malos. Desde principio de los noventa con la sanción de estos regímenes y estos marcos regulatorios diversos -electricidad y gas, por ley del Congreso; y el resto por decreto-, Argentina en la convertibilidad logró tener servicios públicos buenos y caros con tarifas en dólares, pero con una pequeña gran aclaración que es que esa ficción que fue la convertibilidad de un peso por un dólar hacía que, en definitiva, quien pagaba sus servicios públicos los estaba pagando en pesos.

La reforma de los marcos regulatorios que se quisieron aplicar es un reconocimiento de que esa política fracasó y hay una necesidad cambiarlos.

Luego, salimos de la convertibilidad y mediante Ley de Emergencia Económica, se dio el deterioro paulatino de los servicios públicos, tarifas pesificadas y congeladas. Así se inició un deterioro sostenido permanente que no se revirtió y más tarde apareció el subsidio como instrumento para permitir la el sostenimiento de la prestación del servicio público y pasamos a tener en un primer momento, allá por el 2002-2003, servicios públicos buenos y baratos por un período efímero de unos pocos años. Porque todavía tenían las empresas una stock de capital que se fueron consumiendo año tras año.

Luego pasamos a tener servicios públicos baratos y malos. Tal vez el mayor exponente de todo esto haya sido la tragedia ferroviaria en Once de 2010, tal vez fue la mayor alerta que tuvimos en la Argentina. Y después pasamos con el gobierno del actual administración de Macri a tener servicios públicos que todavía son malos y ahora son caros con la idea -que el presidente planteado públicamente- de la necesidad de volver a los ’90 volver para volver a tener servicios públicos buenos y caros.

Esto es lo controvertido y que está en discusión hoy. La gente aceptó -y en especial con los energéticos, no así con el resto- que la electricidad y el gas debían ser prácticamente regalados por el Estado, en este llamado populismo energético. Y este conflicto no se presentó en los demás servicios públicos: no se presentó en el agua, las comunicaciones, tampoco en la medicina prepaga, ni en la televisión por cable. La gente asumió sin problemas que paga un teléfono celular mucho más caro y que paga señal de cable domiciliaria mucho más cara que hay que pagar el agua, cuando es notorio que los aumentos de agua pegaron muy fuerte en el consumo de los hogares y, sin embargo, nadie protestó por el agua. La gente protesta por los aumentos de la luz y el gas.

Tampoco protesta por los aumentos de los combustibles líquidos, es notorio que las naftas y el gasoil han tenido aumentos significativos y sin embargo nadie parece estar preocupado por ello, cuando en otros países de la región una suba de las naftas puede paralizar a un país como pasó el Brasil, en Francia o como sucede hoy en Venezuela, donde el gobierno sabe que la suba de las gasolinas se convierte en una pueblada.

Volvamos a la Argentina. Mientras eso pasaba, la presión tributaria iba escalando. No me parece ilógico que el ciudadano asuma que lo que le estaban sacando por un lado se lo devolvieran vía subsidios.

Sucede que esa devolución tampoco fue tal. Hay dos tipos de errores en una política pública de asignación de recursos, explicaría Fernando Navajas desde FIEL, un error “de inclusión”, es decir darle un subsidio a quien no lo necesita; y un error “de exclusión”, es decir no dárselo al que sí lo necesita. Y en Argentina no nos privamos de nada y cometimos ambos: se le dio el subsidio a quienes no lo necesitaban al punto de que el 75% de los hogares beneficiarios de los servicios regalados estaban en condiciones de pagarlos, la gran mayoría de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires; y luego a los que sí los necesitaban, en especial los hogares del Noreste argentino, no se les dio porque no se invirtió en infraestructura; que los hogares de Corrientes, Chaco, Formosa tuvieran que seguir con la garrafa, que es mucho más cara, porque se eligió regalar el gas en la Capital Federal y sus alrededores.

Usted fue bastante crítico de la forma en la que se trajeron al presente las normas de los ’90. Si mal no recuerdo la crítica se centraba en que primero se benefició a las empresas con una enorme transferencia de recursos sin ponerles condiciones y exigencias respecto de la mejora en la calidad del servicio. ¿Qué condiciones le impondría al sector con una nueva reforma del marco regulatorio?

Yo diría que esta crisis o decadencia energética que se inició tras salir a la convertibilidad y que duró 15 años no puede no puede ser encausada a puro tarifazo, es decir no se puede pretender normalizar el sector en base a puro ajuste de tarifa, sino que debe ser una discusión mucho más amplia donde entra el tema de las inversiones, el tema de la calidad del servicio y también la discusión esencial -yo creo que hay que darla en algún momento indefectiblemente- de decidir si las tarifas de servicios públicos deben o no estar dolarizadas.

En los ’90 pudieron estar dolarizadas precisamente por la existencia de la convertibilidad que hacía que los hogares tuvieran ingresos en pesos/dólares. En un país como la Argentina actual -donde por ejemplo si nos paramos hoy y nos vamos un año para atrás hemos tenido una devaluación del peso tal que el dólar subió de más del 130%- pretenden sostener tarifas en dólares cuando los ingresos de la población son en pesos luce inconsistente y no se puede sostener en el tiempo. El riesgo está en que si se insiste en este camino, finalmente se produzca una gran morosidad y la gente no pueda afrontar el gasto de su servicio público. La prueba más clara esta en este “Plan Alivio” que el gobierno lanzó poco tiempo atrás, uno de los aspectos que se fue a considerar fue el de los el de las tarifas. Bueno, ahí el gobierno tampoco pudo hacer mucho porque se encontró que la tarifa eléctrica están mano de las provincias y lo que puedo hacer es el caso del gas diferir, es decir hacer una pequeña quita del orden del 20%, en tres pagos el aumento restante y prorratearlos para los meses venideros, por lo cual los consumos de gas del Invierno los vamos a terminar pagando en el verano. Pero en ningún caso se plantea la discusión de fondo. Nuevamente son paliativos, algo así como patear la pelota para adelante. De hecho, Aranguren era un acérrimo opositor a esta tarifa plana porque sostenía que no había mejor señal para los consumidores/usuarios que el precio para ajustar el consumo.

Me parece que lo que se requiere es trabajar fuertemente en lo que se conoce como un uso racional de la energía, un uso eficiente y que los hogares gasten lo necesario sin que haya un derroche de energía, algo a lo que los argentinos tristemente nos habíamos acostumbrado. En todos los países del mundo -excepto países como el nuestro- quien consume sabe que tiene que pagar por lo que consume y sabe que eso que consume es caro y contamina, mientras que Argentina creímos que la energía iba a ser abundante en forma indefinida y que, al mismo tiempo, su precio debía ser simbólico, por no decir irracional o ridículo. Esos 15 años llevaron a que la gente mantuviese los equipos de aire acondicionado encendidos en cualquier época en muchos casos sin siquiera estar dentro de la casa porque no había premios al ahorro, entonces ahí apareció como una política interesante de empezar a inculcar en términos educativos a las nuevas generaciones desde la escuela el valor del ahorro y la eficiencia energética.

¿No es peligroso hacer recaer todo el peso del ajuste sobre el consumidor final? Pienso por ejemplo en que se construyen viviendas sin persianas, departamentos vidriados que generan efecto invernadero y con pésima aislación térmica y sin gas, y al inquilino de esa vivienda se lo penaliza por su consumo eléctrico cuando tampoco tiene más opción. ¿No se corre el riesgo de esconder bajo la alfombra cuestiones estructurales cuando se apunta al aspecto cultural del derroche?

En parte sí. Yo completaría con algunos otros conceptos. Si las viviendas se conviertieron en intensivas en electricidad o “electrodependientes”, es a consecuencia de que la Argentina se quedó sin capacidad, en su momento, de generación de gas. No pudimos explorar más yacimientos convencionales y la producción de gas se volvió declinante allá por 2003. Esto propició las importaciones de gas natural licuado que después trajeron otros problemas y nos quedamos con una capacidad de transporte con limitaciones y esto hizo que muchos edificios nuevos no pudieran ser habilitados porque directamente no estaba el suministro de gas entonces todo pasó a ser electricidad y ya sabemos que la electricidad en ese sentido es ineficiente por ejemplo para el calefaccionamiento. Tuvimos un problema porque estaba la matriz energética muy volcada los fósiles.

Lo que también sucedió con todo este fenómeno es algo que en la Argentina tímidamente se empieza a discutir -y hasta ahora la dirigencia política no tomó verdaderamente nota- es la cuestión de la pobreza energética. Es un concepto que viene de Europa principalmente viene del Reino Unido aunque después lo adoptó con mucha fuerza mucha fuerza la Europa continental. Se sabe bien cómo se mide la pobreza por el ingreso de los hogares, es el umbral a partir del cual no se llega una canasta básica y tenemos estadísticas que dicen que un tercio de los hogares argentinos están por debajo de la línea de pobreza. En tanto, se entiende que la pobreza energética es la situación en la que vive una familia cuando tiene que decir destinar un cierto porcentaje de su ingreso al consumo de energéticos.

Esta circunstancia se ve además agravada por el hecho de que muchos hogares -sobre todo los lugares donde viven segmentos pobres de la población en términos de infraestructura están deficitarios- son de chapa o materiales de baja calidad y por lo tanto de baja aislación térmica que obligan a la climatización en verano y a la calefacción en invierno y el hecho de que no le puedan destinar una suficiente participación de sus ingresos al pago de las facturas hace que corran el riesgo de la interrupción del servicio. Esto a su vez puede llevar a consecuencias aún más graves porque se endeudan, y si después quieren reconectarse, hay un cargo adicional de reconexión. Entonces ha pasado que muchas veces finalmente quienes por ejemplo tenían el gas natural por red, ante la imposibilidad de pagar la factura, vieron que se les cortó el suministro y se cayeron en la garrafa, combustible que todos sabemos es aún más caro, más inseguro.

Estos tarifazos que llevó a cabo la administración de Macri sumergieron a centenares de miles de hogares en la pobreza energética y la pregunta es hoy en día si ya tenemos grandes sectores de la población, no sólo como pobres sino que además tengo grandes sectores medios que han incurrido en la pobreza energética, ¿cómo los vamos a sacar si tenemos tarifas “dolarizadas” y tenemos tarifas que aumentan muy por encima lo aumentan sus ingresos ingresos que a su vez aumentan muy por debajo de lo que aumenta la inflación? Están armando allí una bomba de tiempo que va a costar mucho desarmar.

Estos tarifazos que llevó a cabo la administración de Macri sumergieron a centenares de miles de hogares en la pobreza energética. Están armando allí una bomba de tiempo que va a costar mucho desarmar.

Lo que yo veo es que el próximo gobierno va a tener que tener que extremar los cuidados las precauciones para desarmar bomba de tiempo y volver a sacar de la pobreza energética a amplios sectores de la población en el marco de la discusión que decíamos antes de la calidad prestación, la accesibilidad a los servicios porque no perdamos de vista son servicios públicos y que, como tal, una de las cuestiones que los definen y caracterizan es la universalidad en la prestación de servicios, es decir el Estado debe ser garante de que la empresa prestadora le preste el suministro de servicio a quien solicite la conexión. Hoy tenemos en electricidad una cobertura casi del 100%, en el gas estamos en el orden del 60% y en agua potable y cloacas es todavía más dramático, estamos en el orden del 50%. Entonces ahí tenemos un Estado “ausente”, que se ha desentendido de este problema. No es de ahora, sino desde siempre la falta de infraestructura.

Por eso no podemos tampoco esperar que esa infraestructura nueva faltante o el reemplazo y las amortizaciones de la infraestructura existente sea financiada exclusivamente con tarifazos. Insisto: acá los argentinos nos debemos un debate integral sobre qué servicio público, qué infraestructura queremos tener y cómo vamos a financiarla.

Un punto que dimos por sobreentendido en esta conversación es que la situación energética es producto del quiebre del orden macroeconómico de los ’90 y a su vez la macroeconomía de hoy también es producto de la situación energética: cuando asumió Macri el grueso del déficit público se explicaba por los subsidios. Y sin embargo, hoy no se palpan mejoras ostensibles en la situación energética ni en la macroeconómica. ¿Cómo se desata esta imbricación entre macro y energía de ahora en más? ¿Vaca Muerta cuánto puede resolver de este problema?

En diciembre de 2015 los subsidios a los servicios públicos (energía y transporte) representaban la cuarta parte del gasto público, esos subsidios explicaban la totalidad del déficit fiscal primario de aquel entonces. Entonces si el gobierno en aquel entonces hubiese sacado todos los subsidios y hubiese puesto las tarifas la totalidad del valor, la Argentina mágicamente lograr el equilibrio fiscal. El gobierno equivocó el camino y

pretendió a través de una serie de acciones que incluso algunas de ellas fueron hasta volteadas por la Corte Suprema -el caso el gas- entró en una dinámica de normalización de los precios a los ponchazos a prueba y error y finalmente lo que hizo no terminó de convencer a nadie, ni a las Empresas, ni al Estado ni a los usuarios. Pagó un costo político enorme para no convencer nadie.

Ahora después de la esta megadevaluación que tuvo 2018, esas políticas que fueron pensadas para un dólar a $18, ahora que está a $46 se volvieron impracticables. Acá lo que hay que hacer, yo insisto, es barajar y dar de nuevo. Porque seguimos con déficit y seguimos con subsidios, o sea no resolvimos ninguna de las dos cosas. Tampoco mejoramos la calidad de los servicios públicos y le metimos un doloroso ajuste a la población en materia servicios públicos y a muchas familias se los hemos vuelto prácticamente impagables. La tarifa social estuvo mal diseñada e peor implementada.

¿Y Vaca Muerta?

El gobierno puso todas sus expectativas en Vaca Muerta. Para nosotros es una oportunidad cierta, tangible, lo está demostrando; pero también decimos que Vaca Muerta no puede ser desarrollada a puro subsidio, especialmente en el caso del gas. Ahí viene el pleito ya conocido con la resolución 46 con el grupo Tecpetrol de Techint. La Argentina tiene que encontrar mecanismos más idóneos y más realistas para poder alentar el desarrollo de Vaca Muerta para que tenga no sólo proyección dentro de Argentina sino a nivel regional mediante la creación de saldos exportables; pero otra vez le falta infraestructura para ser desarrollada y tenemos allí ciertas controversias entre muchas veces la nación y las provincias donde el yacimiento está montado.

Tenemos la imposibilidad a veces de, aunque tengamos el recurso, transformarlo en producción. No es tan simple. La prueba está en que el famoso ferrocarril que iba a ir allí no encuentra financiamiento.

Porque el privado piensa: “Si yo tengo una macroeconomía desquiciada, con el riesgo país en 1000 puntos, ¿cuántas garantías tengo que exigirle al Estado para que el negocio sea rentable?” Al mismo tiempo la política macroeconómica fue puesta en manos del FMI, que dicta y dice cómo tiene que llevarse a cabo la política económica y ellos son enemigos a que los subsidios financian este tipo de emprendimientos. Entonces, ni con los privados ni con el Fondo se consigue el financiamiento.

Lo que digo es que hay no convencionales que en otras partes del mundo logran desarrollarse sin ningún tipo de subsidio. Y nosotros debemos apuntar a lo mismo en la Argentina: que los que apuestan al no convencional lleven adelante las inversiones con reglas de juego claras, obtengan su rentabilidad, hagan de esto un negocio, consigan saldos exportables y con ello entran divisas aún mucho mejor. Y que sepan que el Estado no va a estar atrás porque el Estado está quebrado y no puedo sostener y financiar este tipo de cuestiones.

¿Eso no obliga a la dolarización del petróleo?

No necesariamente. Primero hay que corregir la macroeconomía y luego recién viene el sector energético. No se puede hacer en pretender corregir los desequilibrios energéticos si tenemos un desequilibrio macroeconómico monumental. Entonces yo creo que el próximo gobierno lo que va a tener que hacer es tomarse una ventana de tiempo -que no va a poder ser muy larga no muy larga- y rápidamente va a tener que normalizar la macro porque no es posible desarrollar la energía en este contexto, no es posible desarrollar en realidad ningún sector.

Que la energía es una limitante del crecimiento, en eso estamos de acuerdo, pero ni logramos reencauzar y estabilizar la macroeconomía, no va a haber fórmula que nos salve ni acontecimiento que pudiera venir del exterior milagroso que pudiera resolver esto. Hay que estabilizar la macro, repensar la energía y rápidamente ponerse manos a la obra. Y Vaca Muerta en eso puede jugar un rol muy importante, pero no podemos esperar que Vaca Muerta nos salve ni que transforme a la Argentina ni genere un boom de crecimiento.

A Vaca Muerta hay que darle tiempo para que desarrolle y se generen los clusters -que lo están haciendo y muy bien- y se genera la masa crítica de profesionales e intelectuales que permitan que todo funcione y aporte a la macro, pero no que la salve. A mi genera cierta preocupación que haya personalidades que apuntan a que la economía se salva y que en todo caso vamos a tener el mal de la enfermedad holandesa y eso no va a ocurrir, al menos no en los próximos años.

Fuente
lapoliticaonline
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